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LEY Nº 21.810
B.O. 09/06/1978

Artículo 1º - Asígnase a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la competencia de la prestación de la educación preprimaria y primaria, actualmente a cargo del Consejo Nacional de Educación, en sus jurisdicciones, conforme a las normas de la presente ley.

Art. 2º - Lo dispuesto en el artículo anterior importará la transferencia de todas las escuelas, bibliotecas estudiantiles, supervisiones, juntas de clasificación y disciplina dependientes del Consejo Nacional de Educación y los servicios de Sanidad Escolar directamente afectados a las mismas, existentes en las respectivas jurisdicciones territoriales, con excepción de las que se determinen mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

La transferencia se efectuará sin cargo, y con relación al objeto transmitido comprenderá:

  1. El dominio y todo otro derecho que el Estado Nacional o el Consejo Nacional de Educación tengan sobre bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea su origen, ocupados por establecimientos educacionales, supervisiones, juntas, bibliotecas estudiantiles y servicios de Sanidad Escolar, o con destino fijado para la construcción de futuras escuelas, o donaciones o legados de cualquier clase de bienes, aceptados o en trámite, con cargo de edificarlos o con destino fijado para los establecimientos que se transfieren, pendiente de cumplimiento.
    No quedará comprendido en la transferencia el dominio sobre inmuebles adquiridos por cualquier título por el Consejo Nacional de Educación, sin cargo o destino expreso de construir o instalar los establecimientos citados en el párrafo anterior.
    El Estado Nacional conservará el derecho de uso de los inmuebles a transferirse y contribuirá a su mantenimiento cuando fueren compartidos por otras ramas o niveles de enseñanza o servicios administrativos de su jurisdicción, al momento de otorgarse el acta de transferencia.
  2. Los contratos de locación en vigencia al momento del acta de transferencia en los que sean locatarios el Estado Nacional o el Consejo Nacional de Educación respecto de bienes inmuebles en los que funcionen los establecimientos, bibliotecas estudiantiles, supervisiones, juntas o servicios de Sanidad Escolar que se transfieren, manteniéndose a su respecto el carácter de interés público que pueda tener declarado a esa fecha el Poder Ejecutivo Nacional conforme al artículo 26 de la Ley número 21.342.
    A todos los efectos legales no se juzgará a esta transferencia como prohibida o indebida.
  3. Los bienes muebles, inclusive equipos y elementos de consumo.
  4. Los contratos que en momento del acta de transferencia estén en ejecución o deban ejecutarse por cuenta de la Nación.

Art. 3º - En caso de que el dominio sobre los bienes que se transfieran provengan de donaciones o legados con cargo, la transferencia no supondrá su incumplimiento. Si estuviere pendiente de ejecución, el cumplimiento del cargo deberá ser reclamado directamente a la Municipalidad o al Territorio Nacional.

Art. 4º - El personal docente, administrativo, de mantenimiento, de producción y servicios generales, incluso el contratado que reviste e los establecimientos, bibliotecas estudiantiles, supervisiones, juntas y servicios de Sanidad Escolar, que se transfieran, quedará incorporado de pleno derecho a la administración de la Municipalidad o a la Gobernación del Territorio Nacional, según el caso, debiéndose reconocer por éstas las siguientes prerrogativas:

  1. Una remuneración nominal total no inferior, por todo concepto, a la que reciba al momento del acta de transferencia.
  2. El mantenimiento de las licencias, traslados o cambios de tareas hasta la fecha en que fueron acordados.
  3. La titularización de conformidad con el Decreto Nacional Nº 2.540/77.
  4. La jerarquía alcanzada por el personal en el escalafón respectivo, o, en su caso, el desempeño de tareas de similar naturaleza y jerarquía y de por lo menos igual remuneración cuando por diferencias de régimen deban asignárseles nuevas funciones.
  5. El mantenimiento de la compatibilidad de los cargos que ocupe el personal al momento del acta de transferencia, si ella fuere admisible según el régimen nacional.
  6. El reconocimiento de la antigüedad computable en jurisdicción nacional a la fecha del acta de transferencia.
  7. Los concursos en trámite se resolverán por las respectivas administraciones, de acuerdo con las normas nacionales que eran de aplicación a la fecha de concurso.

Art. 5º - El personal titular con una antigüedad computable inferior a veinte (20) años podrá optar por no ser transferido. Tal opción importará la baja del agente en las condiciones de la Ley Nº 21.274 y sus prórrogas o modificatorias con derecho a la indemnización que corresponda, que será pagada por la Nación.

Art. 6º - El personal que quede incorporado a las referidas administraciones podrá continuar en la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) y en la Caja Complementaria de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, en cuyo caso dichas administraciones deberán actuar como contribuyente y como agentes de retención de los aportes personales.

En el supuesto de ejercitarse la opción no serán obligatorios para los respectivos agentes, los regímenes locales análogos.

En cuanto a los efectos previsionales será de aplicación el régimen de reciprocidad vigente.

Art. 7º - El personal que antes de la incorporación prevista en el artículo 4º de esta ley hubiere cometidos hechos que merecieran sanción administrativa, conforme a la legislación nacional vigente al momento del hecho, será sancionado por la autoridad local mediante la aplicación de aquella legislación.

Las medidas disciplinarias serán aplicadas respecto del cargo a que se haya incorporado el agente.

Art. 8º - El Poder Ejecutivo Nacional fijará la política educacional y los planes de estudio.

Art. 9º - El Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y las entidades intermedias que hubieran recibido fondos de la Nación para invertirse en relación con los establecimientos que se transfieren y con cargo de rendir cuentas deberán rendirlas y devolver el saldo si lo hubiere, al cumplirse el destino para el que fueron asignados.

Art. 10. - Las sumas que pudiera la Nación adeudar en la actualidad o en el futuro por causas anteriores al 31 de diciembre de 1977 inclusive, en razón de servicios prestados por el personal o por terceros, o por cualquier otra causa, con relación a esas transferencias serán abonadas por aquélla.

Art. 11. - Las erogaciones que por cualquier concepto se originen a partir del 1º de enero de 1978 respecto de los servicios que se transfieran de conformidad con lo establecido por la presente ley estarán a cargo de la Municipalidad y del Territorio Nacional según corresponda. La Nación los abonará por cuenta de ellos hasta tanto las administraciones respectivas se encuentren en condiciones administrativas de hacerlo por sí. Los importes resultantes dispuestos en el presente artículo serán reintegrados al Tesoro Nacional, afectando para ello los fondos que les corresponda del producido de los importes nacionales coparticipados.

Art. 12. - Autorízase al Ministerio de Cultura y Educación y al Consejo Nacional de Educación a otorgar todos los actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 13. - Declárase de orden público la presente Ley.


DECRETO NACIONAL Nº 1.230/978
B.O. 09/06/1978

Artículo 1º - La prestación de la educación preprimaria y primaria que actualmente se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Educación, será de competencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 2º - Las actas de transferencias serán suscriptas por el Ministerio de Cultura y Educación.

Art. 3º - En cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 2º inciso a) de la Ley se entenderá que existe destino fijado cuando éste esté establecido de modo expreso para una o más escuelas determinadas con mención de la jurisdicción local a la que correspondan.

Art. 4º - La Nación continuará liquidando y abonando las remuneraciones del personal, que por efecto de la ley quede transferido, los alquileres, los servicios públicos y los importes necesarios para la continuidad de las obras correspondientes a los bienes transferidos por un plazo máximo de nueve (9) meses, a partir del 1º de enero de 1978, formulándose cargo por las sumas resultantes al Gobierno respectivo.

Art. 5º - Los bienes inmuebles y muebles se entregarán en el estado en que se encuentren al momento de la transferencia. Las erogaciones que sean necesarias para atender la continuación de las construcciones o reparaciones, las locaciones de inmuebles y las correspondientes a servicios, posteriores al 31 de diciembre de 1977, serán solventadas por los gobiernos locales.

Art. 6º - A los fines previstos por el artículo 7º de la ley, los sumarios en trámite respecto del personal que se incorpore serán remitidos a los gobiernos respectivos a los efectos de su prosecución. Cuando lo sumarios se relacionen también con personal no transferido permanecerán en sede nacional hasta su total terminación. Si en este caso se determinara que pudiere caber una sanción al personal transferido, una vez dictada la medida pertinente respecto del que permanezca en la Administración Nacional, el sumario será remitido a sus efectos a la administración correspondiente.

Art. 7º - Cuando, con motivo de los hechos a los que alude el artículo 7º de la ley, las autoridades nacionales no hubieren aún iniciado el sumario, todos los antecedentes del caso serán remitidos a las administraciones referidas.

Art. 8º - Los bienes que fueron transferidos serán dados de baja del Registro de Bienes de Estado y del Registro y Archivo de Títulos de Propiedad del Estado.

Art. 9º - El derecho de opción a que se refieren los artículos 5º y 6º de la ley 21.810 deberá ser ejercitado dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente decreto.

Art. 10º - Dentro de los noventa (90) días de la celebración de las actas de transferencia se realizarán los inventarios de los bienes transferidos, y la nómina del personal incorporado a las administraciones locales, especificándose en su caso denominación del organismo o establecimiento, ubicación geográfica, individualización catastral y datos del registro del inmueble o del contrato de locación y todo otro detalle que se considere de interés. Dichos actos se ejecutarán con cumplimiento de las normas jurídicas correspondientes.

Art. 11º - Exclúyense de la asignación de la prestación de la educación preprimaria y primaria, de conformidad con las previsiones del artículo 2º de la ley Nº 21.810, a las escuelas diferenciadas números 1, 4, 5 y 8, a las de los establecimientos Instituto Félix Fernando Bernasconi y Complejo Cultural de la Boca y a la Biblioteca del Maestro.

Art. 12º - La fijación de la política educacional y de los planes de estudios y el contralor de su ejecución serán efectuados por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Cultura y Educación, de acuerdo con la competencia establecida por Ley de Ministerios.


LEY Nº 22.368
B.O. 19/01/1981

Artículo 1º - Asígnase a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la competencia de la prestación de la educación de nivel primario, de adultos actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación en sus respectivas jurisdicciones, conforme a las normas de la presente ley.

Art. 2º - Lo dispuesto en el artículo anterior importará la transferencia de todos los establecimientos y unidades educativas de nivel primario, sus respectivos niveles de su- pervisión, Junta de Calificación y los cursos especiales de contenido acorde con lo establecido en el artículo 12 "in fine" de la Ley 1.420 y su modificatoria la Ley 12.119, dependientes de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, existentes en sus respectivas jurisdicciones, con excepción de los establecimientos de nivel primario, anexos a unidades de las Fuerzas Armadas, su supervisión y de aquellos servicios que se determinen mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional. La transferencia se efectuará sin cargo, y con relación al objeto transmitido comprenderá:

  1. El dominio y todo otro derecho que el Estado Nacional o la Dirección Nacional de Educación del Adulto tengan sobre bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea su origen, ocupados por establecimientos educacionales, supervisiones, juntas u otros accesorios, o con destino fijado para la construcción de futuros establecimientos o donaciones o legados de cualquier clase de bienes, a edificarlos o con destino fijado aceptados o en trámite, con cargo para los establecimientos que se transfieren pendientes de cumplimiento.
    No quedará comprendido en la transferencia, el dominio sobre inmuebles adquiridos por cualquier título por la Dirección Nacional del Adulto, sin cargo o destino expreso de construir o instalar los establecimientos citados en el párrafo anterior.
    El Estado Nacional conservará el derecho de uso de los inmuebles a transferirse y contribuirá a su mantenimiento cuando fueren compartidos por otras ramas o ni-ve-les de enseñanza o servicios administrativos de su juris-dicción al momento de otorgarse el acta de transferencia.
  2. Los contratos de locación en vigencia al momento del acta de transferencia en los que sean locatarios la Dirección Nacional de Educación del Adulto o el Estado Nacional respecto de bienes inmuebles en los que funcionen los establecimientos, bibliotecas u otros servicios que se transfieran, manteniéndose a su respecto el carácter de interés público que pueda tener declarado a esa fecha el Poder Ejecutivo Nacional, conforme al art. 26 de la Ley 21.342.
    A todos los efectos legales, no se juzgará a esta transferencia como prohibida o indebida.
  3. Los bienes muebles inclusive equipos y elementos de consumo.
  4. Los contratos que en el momento del acta de transferencia estén en ejecución o deban ejecutarse por cuenta de la Nación.

Art. 3º - En caso que el dominio sobre los bienes que se transfieren provengan de donaciones o legados con cargo, la transferencia no supondrá el incumplimiento si estuviera pendiente de ejecución, el incumplimiento del cargo deberá ser reclamado directamente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Art. 4º - El personal docente, administrativo, de mantenimiento, de producción y servicios generales, que reviste en los establecimientos, unidades educativas, supervisiones y Junta de Clasificación que se transfieren, quedará incorporado de pleno derecho a la Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o a la Gobernación del Territorio Nacional, según el caso, debiéndose reconocer por éstas las siguientes prerrogativas:

  1. Una remuneración nominal total no inferior, por todo concepto, a la que reciba al momento del convenio de transferencia.
  2. El mantenimiento de las licencias, traslados o cambios de tareas hasta la fecha en que fueron acordados.
  3. La titularización de conformidad con el Dec. Nac. 2.540/77.
  4. La jerarquía alcanzada por el personal en el escalafón respectivo o en su caso el desempeño de tareas de similar naturaleza y jerarquía y de por lo menos igual remuneración, cuando por diferencia de régimen deban asignársele nuevas funciones.
  5. El mantenimiento de la compatibilidad de los cargos que ocupa el personal titular al momento del convenio de transferencia, si ella fuere admisible, según el régimen nacional.
  6. El reconocimiento, a todos los efectos, de la antigüedad computable en jurisdicción nacional a la fecha del convenio de transferencia, siempre que corresponda a servicios no simultáneos prestados en otras jurisdicciones.
  7. Los concursos en trámite serán resueltos por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de acuerdo con las normas nacionales que eran de aplicación a la fecha de la convocatoria.

Art. 5º - El personal actualmente contratado conservará en jurisdicción de la administración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en la del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según corresponda, los derechos y las obligaciones emergentes de los respectivos contratos, hasta el 31 de diciembre de 1980.

Art. 6º - El personal titular con una antigüedad computable inferior a veinte (20) años podrá optar por no ser transferido. Tal opción importará la baja del agente en las condiciones de la Ley 21.274 y sus prórrogas o modificatorias con derecho a la indemnización que corresponda, que será pagada por la Nación.

Art. 7º - El personal que quede incorporado a las referidas administraciones podrá optar por continuar en la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) y en la Caja complementaria de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, en cuyo caso dichas administraciones deberán actuar como contribuyentes y como agentes de retención de los aportes previsionales.

En el supuesto de ejercitarse la opción, no serán obligatorios para los respectivos agentes los regímenes locales análogos. En cuanto a los hechos previsionales será de aplicación el régimen de reciprocidad vigente.

Art. 8º - El personal que antes de la incorporación prevista en el Art. 4º de la presente ley, hubiere cometido hechos que merecieran sanción administrativa conforme a la legislación nacional vigente al momento del hecho, será sancionado por la autoridad local, mediante la aplicación de aquella legislación. Las medidas disciplinarias serán aplicadas respecto del cargo a que se haya incorporado el agente.

Art. 9º - El Poder Ejecutivo Nacional fijará la política educacional y los planes de estudio.

Art. 10º - El Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y las entidades intermedias que hubieran recibido fondos de la Nación para invertirse en relación con los establecimientos que se transfieren y con cargo de rendir cuentas deberán rendirlas y devolver el saldo si lo hubiere al cumplirse el destino para el que fueron asignados.

Art. 11º - Las sumas que pudiere la Nación adeudar en la actualidad o en el futuro por causas anteriores al 31 de diciembre de 1979 inclusive en razón de servicios prestados por el personal o por terceros o por cualquier otra causa con relación a esas transferencias, serán abonadas por aquéllas.

Art. 12º - Las erogaciones que por cualquier concepto se originen a partir del 1º de enero de 1980, respecto de los servicios que se transfieran de conformidad con lo establecido por la presente ley, estarán a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aries y del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según corresponda. La Nación los abonará por cuenta de ellos hasta tanto las administraciones respectivas se encuentren en condiciones administrativas de hacerlos por sí. Los importes resultantes dispuestos en el presente artículo serán reintegrados al Tesoro Nacional, afectando para ello los fondos que les corresponda del producido de los impuestos nacionales coparticipados.

Art. 13º - Autorízase al Ministerio de Cultura y Educación y a la Dirección Nacional de Educación del Adulto a otorgar todos los actos jurídicos que sean necesarios para le cumplimiento de la presente ley.

Art. 14º - Declárase de orden público la presente ley.


DECRETO NACIONAL Nº 2.815/980
B.O. 27/01/1981

Artículo 1º - La prestación de la educación primaria que actualmente se encuentra a cargo de la Dirección Nacional del Adulto, será de competencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 2º - Las actas de la transferencia prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 22.368 serán suscriptas por el Ministerio de Cultura y Educación.

Art. 3º - En cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 2º, inciso a) de la Ley se entenderá que existe destino fijado cuando éste se encuentre establecido de modo expreso para una o más escuelas determinadas con mención de la jurisdicción local a la que correspondan.

Art. 4º - La Nación continuará liquidando y abonando las remuneraciones del personal que por efecto de la Ley quede transferido, los alquileres, los servicios públicos y los importes necesarios para la continuidad de las obras correspondientes a los bienes transferidos por un plazo máximo de doce (12) meses a partir del 1º de enero de 1980, formulándose cargo por las sumas resultantes al Gobierno respectivo.

Art. 5º - Los bienes inmuebles y muebles se entregarán en el estado en que se encuentren al momento de la transferencia. Las erogaciones que sean necesarias para atender la continuación de las construcciones o reparaciones, las locaciones de inmuebles y las correspondientes a servicios, posteriores al 31 de diciembre de 1979 serán solventadas por los gobiernos locales.

Art. 6º - A los fines previstos por el artículo 8º de la ley, los sumarios en trámite respecto del personal que se incorpore serán remitidos a los gobiernos respectivos a los efectos de su prosecución. Cuando los sumarios se relacionen también con personal no transferido permanecerán en sede nacional hasta su total terminación. Si en este caso se determinara que pudiere caber sanción al personal transferido, una vez dictada la medida pertinente respecto del que permanezca en la Administración Nacional, el sumario será remitido a sus efectos a la Administración correspondiente.

Art. 7º - Cuando, con motivo de los hechos a los que alude el artículo 8º de la ley, las autoridades nacionales no hubieren aún iniciado el sumario, todos los antecedentes del caso serán remitidos a las administraciones referidas.

Art. 8º - Los bienes que fueren transferidos serán dados de baja del Registro de Bienes del Estado y del Registro y Archivo de Títulos de Propiedad del Estado.

Art. 9º - El derecho de opción a que se refieren los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 22.368 deberá ser ejercitado dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente decreto.

Art. 10º - Dentro de los noventa (90) días de la celebración de las actas de la transferencia se realizarán los inventarios de los bienes transferidos y la nómina del personal incorporado a las administraciones locales especificándose en su caso denominación del organismo o establecimiento, ubicación geográfica, individualización catastral y datos de registro del inmueble o del contrato de locación y todo otro detalle que se considere de interés. Dichos actos se ejecutarán con cumplimiento de las normas jurídicas correspondientes.

Art. 11º - Exclúyense de la asignación de la prestación de la educación primaria, de conformidad con las previsiones del artículo 2º de la Ley Nº 22.368, los establecimientos de nivel primario anexos a las unidades de las Fuerzas Armadas y su correspondiente Supervisión, la Junta de Clasificación Zona I -DINEA-, las supervisiones regionales, los servicios de Extensión Educativa y Centro Multinacional DINEA-OEA y sus correspondientes Supervisiones, la Escuela Experimental "Manuel Belgrano" con sede en la ciudad de Buenos Aires y las Escuelas Nros. 1 y 2 instaladas en el Instituto Félix F. Bernasconi de la Capital Federal.

Art. 12º - La fijación de la política educacional y de los planes de estudios y el contralor de su ejecución serán efectuados por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Cultura y Educación de acuerdo con la competencia establecida por la Ley de Ministerios.


LEY Nº 24.049
B.O. 07/01/1992

CAPITULO I

De la transferencia

Artículo 1º - Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir, a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos, en las condiciones que prescribe esta ley.

Se exceptúan las escuelas superiores normales e institutos superiores, tanto estatales como privados, y la ENET Nº 1 "Otto Krausse", la Telescuela Técnica y los Centros de Recursos Humanos y Capacitación Nº 3, 8 y 10 de Capital Federal dependientes del CONET. Queda a criterio del Poder Ejecutivo Nacional la oportunidad de transferir estos servicios en forma total o parcial previa garantía de financiamiento.

Art. 2º - Los requisitos específicos de las transferencias se establecerán mediante convenios a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y cada una de las jurisdicciones, en los que se acordará toda otra cuestión no prevista en la presente ley de acuerdo con las particularidades de cada jurisdicción. Dichos convenios serán refrendados según la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones, por medio de las legislaturas provinciales.

Art. 3º - Las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo Nacional, deberán cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. El Estado Nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones.

Art. 4º - Las transferencias que se convengan se efectuarán sin otro cargo que los que establece la presente ley, e importarán la sucesión a título universal de los derechos y obligaciones.

CAPITULO II

De los bienes transferidos

Art. 5º - La transferencia de los servicios educativos a cada una de las jurisdicciones, comprenderá los bienes libres de todo gravamen actualmente afectados al Ministerio de Cultura y Educación y al Consejo Nacional de Educación Técnica, a saber:

  1. el dominio y todo otro derecho que el Gobierno Nacional tenga sobre los bienes inmuebles y sus accesorios, cualquiera sea el origen de sus derechos, con destino actual o previsto para establecimientos educacionales y organismos de apoyo al sistema educativo;
  2. los bienes muebles de todo tipo, incluyendo equipos, semovientes y elementos de uso y consumo regular;
  3. la documentación y todo otro antecedente relativo a los inmuebles de utilidad a las jurisdicciones receptoras;
  4. los contratos de locación de cosas, obras y servicios, sin perjuicio de las adecuaciones contractuales necesarias a fin de mantener la continuidad de los servicios.

Art. 6º - No serán transferidos los juicios pendientes ni las deudas que por cualquier causa hubiera contraído la Nación a la fecha de la transferencia.

Art. 7º - En el caso de que el dominio o la propiedad de los bienes inmuebles o muebles o derechos que se transfieran provengan de donaciones o de legados con cargo, la jurisdicción receptora garantizará su cumplimiento y los derechos de quienes resulten beneficiarios de tales cargos.

CAPITULO III

Del personal transferido

Art. 8º - El personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales que se desempeñe en los servicios que se transfieren quedará incorporado a la administración provincial o municipal en su caso, de conformidad con las siguientes bases:

  1. identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia;
  2. retribución por todo concepto no inferior a la que se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial jurisdiccional durante 1992;
  3. reconocimiento de la antigüedad en la carrera y en el cargo, ya sean en carácter de titular, interino o suplente;
  4. reconocimiento a la estabilidad en el cargo u horas cátedra que desempeñe al tiempo de la transferencia cuando revistiere en calidad de titular, interino o suplente según la normativa vigente en cada jurisdicción;
  5. reconocimiento de títulos y antecedentes profesionales valorables para concurso de la carrera docente en equivalencia de condiciones con las vigentes para los docentes de la jurisdicción receptora.

Art. 9º - Las jurisdicciones podrán convenir mecanismos para facilitar al personal transferido optar por continuar en la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), en cuyo caso el gobierno de la jurisdicción deberá actuar como agente de retención de los correspondientes aportes, o incorporarse a la Obra Social de la jurisdicción receptora.

Art. 10º - A los efectos previsionales, las jurisdicciones receptoras reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional. Los docentes transferidos que no reúnan los requisitos exigidos en la jurisdicción receptora, podrán continuar efectuando aportes al sistema nacional de previsión; las jurisdicciones serán agentes de retención de los mencionados aportes.

Art. 11º - El personal docente transferido continuará en la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente; el gobierno de la jurisdicción receptora actuará como agente de retención de los aportes.

Art. 12º - Las cuestiones disciplinarias referidas al personal transferido suscitadas hasta el momento de efectivizarse la transferencia, serán resueltas según la normativa vigente al momento de ocurrir los hechos que las motivaron y en la jurisdicción de origen en un plazo no mayor de un año con posterioridad a la firma del convenio; las jurisdicciones receptoras aplicarán las sanciones y/o medidas que la jurisdicción de origen hubiera resuelto.

Art. 13º - Los concursos de docentes a ser transferidos, como así también los procedimientos instalados, titularizaciones y jubilaciones, pendientes de resolución que pudieren existir al momento de promulgarse esta ley, deberán ser resueltos según la normativa de origen con el alcance y en tiempos y modos que establezcan los respectivos convenios bilaterales.

CAPITULO IV

Del financiamiento

Art. 14º - A partir del 1º de enero de 1992 y hasta tanto se modifique la Ley Nº 23.548 la Secretaría de Hacienda de la Nación no retendrá de la participación correspondiente a las provincias en el Régimen de la citada ley, previamente a la distribución secundaria, un importe equivalente al monto total, que se incluye en planilla anexa Nº 1 A, con detalle para cada jurisdicción, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transfieren por la presente ley y los correspondientes al costo de servicios de Hospitales e Institutos Nacionales, Políticas Sociales Comunitarias y Programa Social Nutricional a transferir a las provincias según se convenga oportunamente.

Dicha retención será operativa en la medida que el incremento de la recaudación de los gravámenes a que se refiere la Ley Nº 23.548 para 1992 respecto del promedio mensual anualizado del período abril-diciembre de 1991 sea superior al monto mencionado en el párrafo anterior.

Art. 15º - Cuando el monto mensual recaudado no alcanzare a cubrir el nivel promedio mensual del período abril-diciembre de 1991, el Gobierno Nacional cubrirá totalmente y en forma automática el costo mensual de los servicios transferidos.

Si al cierre de cada mes lo recaudado fuere superior al nivel promedio abril-diciembre de 1991 pero no alcanzare a cubrir el costo de los servicios el Gobierno Nacional financiará automáticamente la diferencia.

Art. 16º - Al momento de efectivizarse la transferencia de los servicios prevista en el artículo 14 se transferirán en las proporciones correspondientes los recursos afectados según el párrafo primero de dicho artículo a la respectiva provincia y por hasta los montos mencionados en el mismo.

Art. 17º - El Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar el marco general y los criterios particulares a seguir a efectos de brindar un tratamiento equivalente a lo dispuesto por los artículos 14, 15 y 16 de la presente, a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con anterioridad a la firma del convenio previsto en el artículo 2º de esta ley. Ello, sin afectar la participación de las provincias según la Ley Nº 23.548.

Art. 18º - Las obras públicas que se encuentran en ejecución en los servicios a transferir, serán continuadas y finalizadas por la Nación. A su término dichos inmuebles serán transferidos a la jurisdicción en los términos de la presente ley.

Art. 19º - El Poder Ejecutivo Nacional, asignará un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de conservación o antigüedad afecte el desenvolvimiento de los servicios educativos. Los montos serán acordados en los respectivos convenios bilaterales.

CAPITULO V

Aspectos pedagógicos

Art. 20º - El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, ejecutará las políticas y estrategias del Sistema Educativo Nacional, en consulta permanente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y coordinará, compatibilizará y evaluará el funcionamiento interjurisdiccional.

Art. 21º - El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, en ejercicio de su competencia, realizará el análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa; de la consistencia, congruencia y calidad educativas de los planes y programas en la materia en relación con las prioridades establecidas; brindará asistencia técnica y financiera para el desarrollo de estrategias y programas educativos; atenderá y gestionará los asuntos de naturaleza internacional que se relacionen con la educación y la cultura; determinará los requerimientos y condiciones para el reconocimiento de títulos y certificados nacionales y extranjeros; organizará y administrará un sistema de información cualitativa y cuantitativa en materias educativa y cultural e instrumentará planes y programas de interés nacional.

Art. 22º - El Ministerio de Cultura y Educación promoverá concertadamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación la adecuación de la estructura común del sistema educativo, la actualización de planes generales con objetivos y contenidos curriculares básicos y comunes con aportes que consideren las particularidades regionales, provinciales y de la escuela y su comunidad, a fin de establecer un marco de coherencia, unidad e integración educativa y cultural del país en un pleno respeto del federalismo.

CAPITULO VI

De la enseñanza privada

Art. 23º - Los servicios educativos de gestión privada que se transfieren quedan garantizados para que se sigan prestando con respecto de los principios de la libertad de enseñanza y los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia.

Consecuentemente, podrán mantener sus características doctrinarias, modalidades curriculares y pedagógicas y el estilo ético formativo propios, en el ámbito de las jurisdicciones receptoras.

Estas mantendrán el régimen de aportes a la enseñanza privada en concordancia con el fijado en el orden nacional, en lo que hace a montos, proporciones y destino a los servicios transferidos.

CAPITULO VII

Disposiciones transitorias

Art. 24º - El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, podrá celebrar los actos jurídicos necesarios para el eficaz cumplimiento de la presente ley.

Art. 25º - Cuando por razones operativas alguna Provincia lo requiera expresamente el Poder Ejecutivo Nacional podrá atender por cuenta y orden de la misma los gastos emergentes de los servicios transferidos según el Artículo 1º.

Art. 26º - Los participantes en el sistema de la Ley Nº 23.548, deberán presentar en el período legislativo de 1992 un proyecto de ley sustitutiva del régimen vigente de coparticipación federal de impuestos.


DECRETO NACIONAL Nº 964/992
B.O. 29/06/1992

Artículo 1º - Establécese que a partir del 1º de julio de 1992 se procederá a transferir a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educacion de la Nación y por el Consejo Nacional de Educacion Técnica, como así también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos, no incluidos anteriormente, según lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 24.049.

Exceptúanse de esta norma los establecimientos comprendidos en el Anexo I que forma parte del presente artículo.

Art. 2º - Otórgase al personal docente comprendido por la Ley Nº 24.049 y por el artículo 1º de la presente norma, un adicional de emergencia de carácter no remunerativo y no bonificable a partir de las fechas, conforme su permanencia en la docencia, y según los montos que se detallan por provincia y la municipalidad de la ciudad de buenos aires en el Anexo II que forma parte del presente artículo, de acuerdo con la ubicación geográfica donde realiza la efectiva prestación del servicio.

A tales efectos, facúltase al ministerio de cultura y educacion de la nacion a asimilar los cargos docentes no incluidos en el Anexo II con los que figuran en él.

Art. 3º - Increméntanse los importes totales por Provincia establecidos en la Planilla Anexa Nº I A y B adjunta al artículo 14 de la Ley Nº 24.049, en los montos que se detallan en el anexo III A y B que forma parte del presente artículo.

Art. 4º - Facúltase a las Secretarias de Hacienda del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos y de Educación del Ministerio de Cultura y Educacion para que a través de resoluciones conjuntas interpreten las disposiciones del presente Decreto.

ANEXO I

  1. Establecimientos de nivel terciario o superior de formación docente o técnica.
  2. Escuela de Ortesis y Prótesis.
  3. Centro Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos para la Formación Superior.
  4. Telescuela Técnica.
  5. Centro Nacional de Investigación y desarrollo del Plan Dual.

RESOLUCIÓN S.G. Nº 69/000
BOCBA 933 Publ. 02/05/2000

Artículo 1° - Declarar que corresponde eximir del trámite de habilitación del local escolar a los institutos educativos de gestión privada, incorporados a la enseñanza oficial, establecidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron incorporados o que obtuvieron autorización previa para funcionar, emanada por autoridad competente en jurisdicción nacional, según el régimen del Decreto N° 371/64.

Art. 2° - La disposición anterior alcanza a los establecimientos mencionados en el Anexo I del Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires del 19 de febrero de 1992 -enunciación limitada a los que estaban bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada-; en el Anexo I a, del Acta Complementaria N° 3 del 30 de julio de 1993 -a excepción del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, excluido por art. XI del Acta Complementaria N° 4 del 30 de noviembre de 1993-; en el Anexo I del Acta Complementaria N° 14 del 9 de mayo de 1996; y en la Cláusula Primera del Acta Complementaria N° 17 del 29 de octubre de 1999, los cuales en su conjunto se detallan en el Anexo I del presente; con sus ampliaciones y modificaciones edilicias efectuadas por exigencias de sus proyectos educativos hasta el día de la fecha de la presente resolución conjunta, los que deberán en un plazo no mayor a treinta (30) días, a partir de la publicación de este acto, presentar por ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la Declaración Jurada que como Anexo II forma parte integrante de la presente, en la que deberá detallarse la exacta actividad desarrollada por el establecimiento de que se trate, la totalidad de los accesos de aquél, las superficies, plantas, titularidad, y todo otro dato que pudiera resultar imprescindible para la correcta identificación del establecimiento, como así también adjuntar el plano de ajuste de obra existente. La falta de cumplimiento de lo dispuesto previamente provocará la pérdida del beneficio otorgado por el art. 1° de la Resolución N° 69-SG/00. Tomado conocimiento la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la realidad constructivo funcional existente en cada establecimiento, ésta remitirá las correspondientes constancias a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para su registro, toma de conocimiento y posterior archivo (Conforme texto Art. 1º de la Resolución Conjunta S.S.y S.Ed. Nº 22/005, BOCBA 2138 del 28/02/2005).

Nota de Redacción: La Resolución S.S. y S.Ed. Nº 179/005, BOCBA 2175 del 22/04/2005, dispone una prórroga de sesenta (60) días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento del plazo establecido, la Resolución S.S. y S.Ed. Nº 536/005, BOCBA 2236 del 20/07/2005, prorroga dicho plazo por un período de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento de la prórroga dispuesta, y la Resolución S.S. y S. Ed. Nº 398/006, BOCBA 2423 del 21/04/2006, establece nueva prórroga a partir del vencimiento de la anterior por trescientos sesenta (360) días hábiles administrativos.

Art. 3° - Dejar establecido que, en los institutos transferidos individualizados en el Art.1°, se exigirá únicamente el Libro de Inspección que habilita la Dirección General de Educación de Gestión Privada dependiente de la Secretaría de Educación, de conformidad con la normativa vigente.

Art. 4° - Solicitar a la Secretaría de Educación que arbitre los medios necesarios para certificar el razonable estado de cada edificio escolar, comprendido en el Art.1°, en los siguientes aspectos:


RESOLUCIÓN CONJUNTA S.S. y S.Ed. Nº 22/005
BOCBA 2138 Publ. 28/02/2005

Artículo 2° - Las modificaciones que implicaren una alteración en los datos asentados en la Declaración Jurada a la que se refiere el art. 2° de la Resolución N° 69-SG/00, texto conforme art. 1° de la presente, sean éstas que implicaren aumento de superficie, ambientales y/o de emplazamiento, deberán ser aprobadas con anterioridad a su ejecución por la autoridad de aplicación en materia constructiva y/o ambiental. La falta de cumplimiento de lo establecido en el presente dará lugar a la aplicación de las medidas que resultaren pertinentes. Toda otra modificación relacionada con las actividades desarrolladas y/o usos del establecimiento, deberán ser notificadas a la Dirección General de Educación de Gestión Privada mediante una nueva Declaración Jurada ajustada al Anexo II del presente, la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para su registro y toma de conocimiento.

Artículo 3° - Otórgase un único plazo de sesenta (60) días, a partir de la publicación de la presente, a aquellas instituciones educativas incorporadas a la enseñanza oficial y no incluidas en las Resoluciones Nros. 69-SG/00 y 115-SG/00, como así también a las instituciones educativas asistenciales preexistentes a la sanción de la Ley N° 621 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que hubieran iniciado trámite de habilitación sin haberlo culminado, para adecuar sus establecimientos a la normativa vigente aplicable en materia de habilitaciones, plazo durante el cual se les eximirá, por única vez, del cumplimiento total de los requisitos reglamentarios contemplados en la Ordenanza N° 33.266, Decreto N° 2.516-GCBA/98 y Código de la Edificación, exigiéndose condiciones mínimas de funcionamiento y el cumplimiento de los siguientes recaudos: resultar un uso conforme en el distrito en el que se emplaza; poseer medios de salidas reglamentarios; contar con un sistema de prevención contra incendios de acuerdo a lo establecido en el capítulo 4.12 del Código de la Edificación; y poseer ventilación natural en las aulas, salas de juegos, y cualquier otro local destinado a la permanencia de alumnos.

Nota de Redacción: La Resolución S.S. y S.Ed. Nº 179/005, BOCBA 2175 del 22/04/2005, dispone una prórroga de sesenta (60) días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento del plazo establecido y la Resolución S.S. y S.Ed. Nº 536/005, BOCBA 2236 del 20/07/2005, prorroga dicho plazo por un período de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento de la prórroga dispuesta.

Artículo 4° - Acuérdase que la certificación sobre el correcto estado de los extremos enunciados en el artículo 4° de la Resolución N° 69-SG/00, será ejercida por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad.

Nota de Redacción: Véase  Disposición de la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras de Gestión Privada Nº 1/010, BOCBA 3426 del 21/05/2010, aprueba un Instructivo a los fines de la presentación de la documentación necesaria.


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