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LEY N° 5.261
BOCBA 4655 Publ. 10/06/2015

LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES


CAPÍTULO ÚNICO:
OBJETO

Artículo 1°.- Objeto. Orden Público. La presente Ley tiene por objeto:

  1. garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de personas.
  2. prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano.
  3. sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.

Artículo 2°.- Tipología.

A los efectos de esta Ley, el término “discriminación“incluye, en particular:

  1. Discriminación de jure: toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el goce o el ejercicio igualitario de los derechos. La discriminación de jure puede manifestarse directa o indirectamente:
    i - Directa: cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo de distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
    ii - Indirecta: cuando el factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el efecto es el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo, sin que exista una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida.
  2. Discriminación de facto: toda exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el goce o en el ejercicio igualitario de los derechos sin que el criterio de distinción sea mencionado explícitamente.

Artículo 3°.- Definición. Se consideran discriminatorios:

  1. Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de resesidencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.
  2. Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, naturalice o propicie la exclusión o segregación.
  3. Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio.

En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características de la persona afectada.

Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta ley como discriminatorias.

Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas para su realización.

Artículo 4°.- Acciones afirmativas. Las acciones afirmativas que el Estado desarrolla para promover la igualdad de condiciones de grupos víctima de discriminación, en ningún caso se consideran discriminatorias.

No se consideran discriminatorias las opiniones políticas y/o científicas y/o académicas que versen sobre ideología o religión por el solo hecho de someter determinados dogmas a debate.

Artículo 5°.- Prevalencia normativa. En la aplicación e interpretación de esta ley y de las normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas afectadas por presuntas conductas discriminatorias. Igual principio se aplicará ante la concurrencia de normas de igual o distinto rango que prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación.

TÍTULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN


CAPÍTULO I:
ACCIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Artículo 6°.- Reparación.- La persona o grupo de personas que se considere/n discriminada/s pueden requerir por or vía judicial o administrativa, según corresponda, el cese del acto discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito tipificado por el Código Penal.

La autoridad de aplicación debe establecer un mecanismo eficaz de recepción de denuncias y de asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en caso de ser víctima de discriminación. Asimismo, podrá actuar de oficio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones de discriminación, con consentimiento del o los afectados o aun sin su consentimiento cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

Artículo 7°.- Cese del acto discriminatorio. La/s persona/s que cometa/n un hecho, acto u omisión tendiente, o cuyo resultado, implique la discriminación a una persona o grupo de personas, será/n obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los afectado/s o de cualquier otra persona u organismo legitimado/a para presentar la denuncia, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización.

En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la autoridad judicial o administrativa, deberá adoptar medidas tendientes a prevenir la futura realización o garantizar la no repetición de los mismos.

La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta de los casos resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de los actos discriminatorios denunciados.

CAPÍTULO II:
PROCEDIMIENTO

Artículo 8°.- Acción de Amparo. Competencia. Acciones Civiles y Penales. Las acciones que deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán según el procedimiento previsto en la Ley 2145, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con arreglo a las disposiciones específicas que emergen de la presente Ley.

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer en caso de denuncias por discriminación contra hechos, actos u omisiones de autoridades del Gobierno de la Ciudad, con ra establecimientos privados sometidos al poder de policía del Gobierno de la Ciudad y en cualquier otro caso que correspondiera en función de las normas vigentes al momento de producirse el hecho, acto u omisión denunciada.

Las acciones civiles y/o denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as del hecho o acto discriminatorio, tramitarán de conformidad a Io dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes. Cuando los procesos transcurran en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, serás aplicables también las disposiciones de esta Ley.

Artículo 9°.- Acciones Administrativas. La promoción y tramitación de las denuncias administrativas que correspondieran por aplicación de la presente Ley, se regirá por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N°1510/97).

Artículo 10.- Legitimación. Se encuentran legitimados/as para interponer acciones judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias, la persona o grupo de personas afectadas por las mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia, así como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los derechos de las personas discriminadas.

Artículo 11.- Legitimación penal. Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas mencionados en el artículo anterior se encuentran legitimados para instar la acción penal en causas por los delitos tipificados en materia de discriminación que tramiten en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de aquellas acciones que dependan de instancia privada y o sean acciones privadas conforme el artículo 71 del Código Penal.

Las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos podrán presentarse en carácter de querellantes.

En todos los casos, primará una interpretación amplia de la norma, tendiente a permitir la participación como querellantes de tales personas físicas y jurídicas.

Artículo 12.- Amicus Curiae. Se permitirá la participación de las personas físicas y jurídicas enumeradas en los artículos 10 y 11, en carácter de amicus curiae, consultores/as técnicos/as, peritos u otras formas que disponga el tribunal.

Artículo 13.- Carga dinámica de la prueba. En los procesos promovidos por aplicación de la presente Ley, en los que se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria, resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo la acreditación de hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos para inducir su existencia; en ese caso corresponderá a la parte demandada a quien se reprocha el hecho, acto u omisión, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.

Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en materia penal o contravencional.

Artículo 14.- Intervención de la autoridad de aplicación. En los procesos judiciales o administrativos en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las autoridades respectivas, de oficio o a pedido de parte, podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación a efectos de que ésta se expida sobre la existencia o no de un acto discriminatorio.

CAPÍTULO III:
SENTENCIA

Artículo 15.- Reparación del daño colectivo. Cuando por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el tribunal considere que exista una afectación social a un grupo vulnerado, la sentencia por actos u omisiones discriminatorias debe contener medidas de reparación del daño colectivo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones que correspondan.

La reparación del daño deberá contener una o varias de las siguientes medidas, teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del acto o hecho discriminatorio:

  1. Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos de la discriminación.
  2. Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el derecho a la igualdad y la no discriminación.
  3. Implementación de medidas internas de acción positiva a favor del grupo discriminado.
  4. Emisión y difusión de disculpas públicas al grupo discriminado.
  5. Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños.

Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos damnificados, desarrollará medidas y acciones para evitar la repetición de los actos discriminatorios.

Artículo 16.- Sensibilización, capacitación y concientización. La condena por discriminación, tanto en procesos individuales como colectivos, deberá contener medidas de sensibilización, capacitación y concientización al/a la responsable del acto discriminatorio, que podrán consistir en:

  1. - asistencia a cursos sobre derechos humanos y discriminación;
  2. realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la sentencia, vinculadas a los hechos por los que se lo/a condena;
  3. cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los objetivos y principios de esta Ley.

El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de aplicación a efectos de asegurar una adecuada implementación de las medidas correspondientes.

TÍTULO III
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN


CAPÍTULO I:
PREVENCIÓN DE ACTOS DISCRIMINATORIOS

Artículo 17.- Prevención de la discriminación. La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de una sociedad más igualitaria en la diversidad.

Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de igualdad y no discriminación el acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los servicios de salud, educación y sociales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como, espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en aquellas personas o grupos que son susceptibles de experimentar situaciones de discriminación múltiple.

El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos.

CAPÍTULO II:
DIFUSIÓN

Artículo 18.- Difusión por medios gráficos y audiovisuales. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulará las medidas destinadas a la promoción de los principios y derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos para la denu ncia de actos discriminatorios, dirigido a todos los sectores de la sociedad a través de diferentes medios de comunicación; enfatizando las problemáticas de discriminación local, sin excluir otras situaciones, pretextos y formas de discriminación.

Artículo 19.- Difusión en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios para difundir en la educación de gestión estatal y privada, el conocimiento de los principios establecidos en la presente Ley y de los procedimientos de denuncia previstos ante actos u omisiones discriminatorias.

Artículo 20.- Difusión en la administración pública. Las autoridades máximas de todos los poderes y niveles de gobierno, considerando los lineamientos que provea la autoridad de aplicación, arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as públicos/as en los principios de la presente ley, y en los procedimientos previstos para la denuncia de actos discriminatorios.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES


CAPÍTULO ÚNICO:

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 21.- Autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo.


DECRETO N° 342/016
BOCBA 4899 Publ. 08/06/2016

Artículo 1°.- Establécese a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 5.261.

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación, dictará las normas complementarias, operativas e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 5.261.

Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Véase Ley Nº 2.957, BOCBA 3107 del 30/01/2009, que aprueba el PLAN MARCO DE POLITICAS DE DERECHOS Y DIVERSIDAD SEXUAL


LEY N° 5.556
BOCBA 4913 Publ. 30/06/2016

Artículo 1°.- Declárase a la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad de Diálogo Interreligioso.

Artículo 2°.- Entiéndase por “Ciudad de Diálogo Interreligioso“ al ámbito donde personas, comunidades e instituciones de distintas tradiciones religiosas conviven armónicamente, valoran la riqueza de la diversidad religiosa, promueven los valores comunes compartidos y entablan relaciones a través del diálogo, la reflexión y acciones de cooperación a fin de fortalecer el tejido social en pos del bien común.

Artículo 3°.- Objetivos de la Ley:

  1. Reconocer, aceptar y respetar la diversidad religiosa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
  2. Fomentar acciones que promuevan el diálogo y la diversidad religiosa en la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4°.- Será autoridad de aplicación de la presente Ley la Dirección General de Cultos dependiente de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5°.- La autoridad de aplicación realizará las acciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos descriptos en el artículo 3°.


LEY Nº 2.263
BOCBA N° 2614 Publ. 29/01/2007

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de lo establecido por el artículo 75 de la Constitución Nacional, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y de sus organizaciones, promueve la preservación de su cultura, reconoce sus formas de organización propias, fundado en el pleno respeto de sus valores culturales, espirituales y de sus propias modalidades de vida, y de su cosmovisión. Asimismo propicia el desarrollo de las capacidades y destrezas intelectuales y materiales de los pueblos originarios.

Artículo 2°.- Los ciudadanos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, descendientes de los pueblos originarios gozarán de los beneficios previstos en la presente ley, para preservar y difundir sus costumbres, cultura y lengua.

CAPÍTULO II
PADRÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES

Artículo 3°.- Créase el Registro de residentes de descendientes de los Pueblos Originarios de la Ciudad de Buenos Aires, el que contendrá los datos personales y pueblo del que descienden. La inscripción al registro mencionado será voluntaria.

Artículo 4°.- Créase el Registro de organizaciones y comunidades de los pueblos originarios existentes en la Ciudad de Buenos Aires, para acceder a los beneficios de la presente ley.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo establecerá mediante la norma reglamentaria los requisitos de inscripción de las organizaciones o comunidades de los pueblos originarios.

Artículo 6°.- Las Asociaciones que cuenten con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia o reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de promulgación de la presente serán inscriptas automáticamente en el registro creado por el artículo 4°, siempre y cuando sus objetivos estén enmarcados en los principios establecidos por la presente ley.

CAPÍTULO III
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y FACULTADES

Artículo 7°.- Créase la Comisión Permanente de Preservación de la cultura de los pueblos originarios. La misma será integrada ad honorem por:

  1. Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo, designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representando a las áreas que están involucradas en el cumplimiento de la presente ley.
  2. Tres (3) representantes del Poder Legislativo, respetando la proporción en que los bloques están representados en la Legislatura.
  3. Cinco (5) representantes de las organizaciones reconocidas de los pueblos indígenas existentes en la Ciudad de Buenos Aires, alternadamente, no pudiendo existir más de un representante por pueblo.
  4. Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 8°.- Son atribuciones de la Comisión creada por el artículo 7°.

  1. Dictar su reglamento interno.
  2. Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente en el marco de la legislación vigente.
  3. Solicitar asesoramiento jurídico, artístico y técnico.
  4. Realizar toda otra acción conducente al cumplimiento de esta ley.

CAPÍTULO IV
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo con la Comisión Permanente de Preservación de la cultura de los pueblos originarios, arbitrará los medios correspondientes y otorgará los espacios y permisos necesarios para la realización de actividades culturales enmarcadas en lo dispuesto por el artículo 1°, conforme el siguiente detalle:

  1. Música y danzas de los diferentes pueblos.
  2. Realización de eventos relacionados con la celebración de fiestas tradicionales, conmemoraciones y ceremonias ancestrales.
  3. Realización de exposiciones de arte y artesanías.
  4. Funcionamiento de ferias para la venta de obras de arte y artesanías.
  5. Impulsar proyectos para la recuperación, conservación, defensa y difusión de la cultura de los pueblos originarios.
  6. Realización de conferencias, foros, seminarios y otros eventos que sirvan a la difusión de la cultura de los pueblos originarios.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo procederá a los noventa (90) días de promulgada la presente a su reglamentación.


DECRETO N° 263/013
BOCBA 4189 Publ. 08/07/2013

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 2.263, que como Anexo I a todos sus efectos forma parte del presente Decreto.

Artículo 2°.- Desígnase como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 2.263 a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, u organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación dictará las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de la Ley Nº 2.263 y de la reglamentación que por el presente Decreto se aprueba.

Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

ANEXO

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO

Artículo 1º.- Sin reglamentar

Artículo 2º.- La radicación en la Ciudad de Buenos Aires debe ser acreditada conforme los requisitos que establezca la autoridad de aplicación y no podrá ser inferior a dos (2) años.

CAPÍTULO II
PADRÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES

Artículo 3º.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo el Registro de residentes de descendientes de los Pueblos Originarios de la Ciudad de Buenos Aires.
La inscripción en el Registro deberá contener los siguientes datos:

  1. Datos personales (Nombre y Apellido, Número de Documento Nacional de Identidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio).
  2. Pueblo Indígena al que pertenece.
  3. Comunidad Indígena a la que pertenece.

Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación llevará el Registro de Organizaciones y Comunidades de los Pueblos Originarios y regula su funcionamiento.

Artículo 5º.- Los requisitos de inscripción de las organizaciones o comunidades de los pueblos originarios son:

  1. Contar con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, y constituir domicilio especial en la misma.
  2. Contar con personería jurídica otorgada por la Autoridad competente, acreditando ese carácter con la documentación de estilo.
  3. El objeto social o estatutario debe prever dentro de sus actividades las de difundir o concientizar sobre la identidad indígena, y excluir las actividades comerciales, religiosas o político partidarias.
  4. La inscripción en el Registro será evaluada por la Autoridad de Aplicación que emitirá el correspondiente acto administrativo.

Artículo 6º.- Sin reglamentar

CAPÍTULO III
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y FACULTADES

Artículo 7º.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo el funcionamiento de la Comisión Permanente de Preservación de la Cultura de los Pueblos Originarios.

  1. Los tres (3) representantes del Poder Ejecutivo pertenecen uno a la Subsecretar Los tres (3) representantes del Poder Ejecutivo pertenecen uno a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, otro al Ministerio de Cultura y el restante al Ministerio de Educación. Las designaciones será
  2. Sin reglamentar
  3. Los cinco (5) representantes de las organizaciones reconocidas de los pueblos indígenas existentes en la Ciudad de Buenos Aires serán designados de conformidad con las pautas que establezca el reglamento interno de la Comisión. Hasta tanto eso ocurra, serán designados por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a criterios de representación y temporalidad en la fecha de inscripción en el Registro.
  4. Sin reglamentar

Artículo 8º.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO IV
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Artículo 9º.- Los permisos que deban ser otorgados por otras áreas componentes del Poder Ejecutivo serán tramitados con intervención de la Autoridad de Aplicación, a fin de facilitar su obtención.

Artículo 10.- Sin reglamentar

Artículo 11.- Sin reglamentar


RESOLUCIÓN SS.D.H.P.C N° 50/016
BOCBA 4961 Publ. 08/09/2016

Artículo 1°.- Delégase al titular de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad la elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan las inscripciones en el Registro de residentes de descendientes de los Pueblos Originarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Registro de Organizaciones y Comunidades de los Pueblos Originarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidos en la Ley de Reconocimiento de los Pueblos Originarios N° 2.263.


RESOLUCIÓN  S.S.D.H.P.C N° 21/017
BOCBA 5130 Publ. 18/05/2017

Artículo 1º: Créase el programa "Promoción de la Diversidad e Igualdad entre personas", en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


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