Buenos Aires, 05 de diciembre de 2002.-

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto regular los procedimientos para la instrucción de sumarios administrativos de los docentes dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las sanciones previstas en los incisos c), ch),d),e),f) y g) del artículo 36 de la Ordenanza 40.593 sólo se aplicarán cuando previamente se sustancie sumario que asegure al imputado el derecho de defensa.

Artículo 2º.- Los sumarios comprendidos en el artículo 1º de la presente son sustanciados por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la estructura organizativa que determine la reglamentación correspondiente.

La resolución del sumario es atribución del Secretario de Educación.

Artículo 3º.- La estructura organizativa a la que se refiere el artículo 2º de la presente se integra por un plantel de abogados que ingresan por el sistema de Concurso Público de Oposición y Antecedentes.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 4º.- La formación del sumario es ordenado por el Jefe de Gobierno o el Secretario de Educación, de oficio o por denuncia escrita fehaciente de agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de particulares, quedando en este último caso a criterio del funcionario que dispuso la instrucción, la necesidad de su ratificación en sede administrativa de acuerdo con la gravedad o importancia de las circunstancias que la originen.

Artículo 5º.- Se dispone previamente a la instrucción del sumario la intervención de la Junta de Disciplina, expidiéndose sobre su pertinencia y formalizando un análisis de la cuestión planteada.

Artículo 6º.- Los agentes que reciban las denuncias deben comunicarlas a sus superiores jerárquicos en el término de 24 horas hábiles, para su elevación, por la vía pertinente a la Secretaría de Educación.

Artículo 7º.- Dispuesta la instrucción de un sumario, el responsable del área encargada de instruirlo, designa al sumariante que ha de tenerlo a su cargo quien requerirá el informe sobre los antecedentes y el concepto del imputado, pudiendo constituirse en el lugar del hecho si lo considerase conveniente. Las distintas reparticiones deben prestar la colaboración que les sea requerida con la diligencia y celeridad necesarias para el cumplimiento de dicho cometido, y remitir la documentación que obre en su poder y sea considerada de utilidad en la etapa investigativa. Ningún organismo podrá negarse a este requerimiento y en caso de no poder aportar documentación original, enviará fotocopias autenticadas por el titular del organismo o persona autorizada a tal efecto.

Artículo 8º.- Los sumariantes y demás funcionarios que intervengan en la instrucción de un sumario, deben excusarse de intervenir en el mismo, cuando medie alguna de las siguientes circunstancias respecto del imputado o del denunciante:

  1. Parentesco dentro del 4º grado por consanguinidad o del 2º por afinidad;
  2. Interés directo o indirecto en el resultado del sumario;
  3. Sociedad o cualquier otra clase de interés económico común;
  4. Ser acreedor, deudor o fiador;
  5. Amistad íntima o enemistad manifiesta

Artículo 9º.- Por las mismas causales enumeradas en el artículo anterior puede el imputado recusar a los sumariantes y demás funcionarios que intervengan en la sustanciación del sumario.-

Artículo 10º.- Las excusaciones y las recusaciones son resueltas en forma inapelable por el responsable del área encargada de instruir el sumario y, en el caso de ser éste comprendido en dicha situación, por el funcionario que dispuso la formación del sumario.-

Artículo 11º.- El sumario es secreto hasta el momento en que se formule en forma concreta los cargos existentes en contra del imputado. La obligación de mantener dicho secreto se extiende a todo el personal que intervenga en su tramitación y al que por cualquier motivo tenga conocimiento de hechos o circunstancias vinculadas al mismo.-

Artículo 12º.- Los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando sean citados para prestar declaración como imputados o testigos están obligados a comparecer ante la dependencia que realiza la instrucción.

La incomparecencia del imputado, a menos que se deba a causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no altera la continuidad de la etapa de instrucción del sumario.

En caso de una segunda incomparecencia se considera que el imputado se niega a declarar.

La incomparecencia injustificada del agente citado, ya sea como imputado o como testigo, es sancionada con apercibimiento aplicado por su Superior Jerárquico y debidamente asentado en su legajo.

Artículo 13º.- Las notificaciones deben hacerse en forma fehaciente y con una anticipación no menor de 72 hs, al último domicilio denunciado por el agente.

Artículo 14º.- La negativa a declarar del imputado no es considerada prueba en contra del mismo.

Artículo 15º.- El imputado debe prestar declaración indagatoria en forma personal y responder a las preguntas que se le formulen, realizando las ampliaciones que estime convenientes, exclusivamente en forma oral.

Artículo 16º.- Las preguntas deben ser claras y precisas debiendo guardar relación con los hechos que se investigan.-

Artículo 17º.- La confesión del sumariado hace prueba suficiente en su contra salvo que fuere inverosímil o contradicha por otras probanzas, no pudiendo dividirse en perjuicio del mismo. Ella no dispensa al instructor de una completa investigación de los hechos ni de la búsqueda de otros responsables.

Artículo 18°.- Si por la naturaleza o gravedad de los hechos o para facilitar la investigación de los mismos se considerara inconveniente la permanencia del imputado en el cargo o en los cargos que desempeña, la Secretaría de Educación puede disponer, como medida precautoria, que el docente pase transitoriamente a cumplir tareas en otro u otros destinos hasta que se dicte la resolución definitiva.

Artículo 19º.- Concluida la etapa de instrucción del sumario, se concretan los cargos existentes en contra del imputado, quien tomará vista de todo lo actuado por sí o por su apoderado por el término de diez días hábiles, con el fin de que éste presente su defensa o descargo y ofrezca la prueba que resulte procedente y de la que intenta valerse.

Artículo 20º.- Son admisibles como prueba de cargo y de descargo todos los medios previstos en el Código Procesal Penal de la Nación, no pudiendo exceder de cinco el número de testigos propuestos por el imputado. Para el caso de que fuera necesaria la intervención de peritos, éstos son designados de oficio.

Artículo 21º.- El procedimiento de recepción de las declaraciones es verbal y actuado, sin perjuicio de los escritos que puedan presentarse en la instancia pertinente. Los declarantes se ratifican del contenido de sus manifestaciones y firman al pie de las mismas, previa lectura realizada en forma personal por aquellos o en voz alta por el sumariante.

Artículo 22º.- Concluidas las tareas de investigación y producida la totalidad de la prueba, el sumario es clausurado y elevado a la autoridad que lo dispuso, con un informe circunstanciado en el que consten las conclusiones extraídas del mismo, las faltas o irregularidades atribuidas y la opinión de la dependencia que realiza la instrucción del sumario acerca de la responsabilidad del imputado y de las sanciones que en su caso pudieran corresponder.

Tales conclusiones son remitidas a la Junta de Disciplina a los efectos establecidos en la reglamentación de los artículos 38 y 45 de la Ordenanza N° 40.593. Con el dictamen de la Junta de Disciplina la autoridad competente dictará la resolución correspondiente.

Si la Junta de Disciplina ejerciera las facultades establecidas en los incisos b) y c) del artículo 45 de la Ordenanza 40.593 devuelve las actuaciones al responsable del área encargada de instruir los sumarios a los efectos de que se expida sobre las medidas o diligencias propuestas. Si éste las comparte, las ejecuta directamente, caso contrario, eleva su opinión fundada al Secretario de Educación para que emita la resolución definitiva.

Artículo 23º.- Las sanciones a aplicar se gradúan teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida, los antecedentes del culpable y la magnitud del daño producido a la administración y a los particulares. El personal no puede ser sancionado más de una vez por el mismo hecho.-Es considerado reincidente aquel que cometiere una nueva falta antes que transcurriere un año desde que quedó firme su última sanción disciplinaria.

Artículo 24º.- Fijase para la sustanciación de los sumarios el término de sesenta días hábiles. Mediante pedido fundado y elevado con prudente antelación por el instructor, el área encargada de instruir el sumario podrá ampliar el plazo por treinta días hábiles más. Si razones especiales exigieran la prolongación de dicho período, debe solicitarse la autorización pertinente a quien dispuso la instrucción, sin que ello implique la interrupción del trámite sumarial.

Artículo 25º.- Cuando en la instrucción surgieran indicios de la existencia de algún delito de acción pública, la dependencia que realiza la instrucción del sumario emite su opinión acerca de la eventual procedencia de su denuncia ante la justicia competente, dando inmediata intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.-

Artículo 26º.- La sustanciación y la aplicación de las sanciones pertinentes tienen lugar con prescindencia de que los hechos que las originan constituyan delito. Pendiente la causa penal, por el hecho objeto o conexo del sumario, no puede ser el sumariado ser declarado exento de responsabilidad. En este supuesto, el docente sometido a proceso, que permanezca en su cargo debe acompañar, testimonio de la sentencia definitiva recaída en sede penal, dentro de los treinta días de haber quedado firme, bajo apercibimiento de considerar su omisión como falta grave.

Artículo 27º.- Contra las resoluciones que se dicten en los sumarios puede interponerse recurso de reconsideración y/ o jerárquico. En la tramitación de este último será obligatorio recabar dictamen de la Procuración General. Dichos recursos se interponen y sustancian de acuerdo con las normas de procedimiento administrativo establecidas en la Ordenanza 40.593.

Artículo 28º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior puede interponerse recurso de revisión contra las resoluciones condenatorias que se encuentren firmes en los supuestos siguientes:

  1. cuando se invocare algún hecho nuevo, ignorado al tiempo de la sustanciación del sumario o sucedido con posterioridad a ella, que pudiera tener importancia capital para modificar la decisión tomada en aquel;
  2. cuando alguna norma posterior haya establecido que no constituye falta administrativa el hecho o la conducta que sirvió de fundamento a la sanción. Este recurso puede ser interpuesto por el responsable o en caso de fallecimiento del mismo, por su cónyuge, o conviviente, ascendientes o descendientes en primer grado, si se tratare de las sanciones contempladas en el Art. 36 inc c),ch),d),e),f,) g) de la ordenanza 40.593

Artículo 29º.- Ningún docente podrá ser sometido a sumario:

  1. cuando, tratándose de un hecho tipificado por el Código Penal, se hubiere operado la prescripción de la acción correspondiente, siempre que el plazo no sea inferior a cinco años;
  2. en los casos de meras faltas administrativas que no constituyen delito, luego de transcurridos cinco años a partir del momento de su comisión.

CAPITULO III

Artículo 30º.- Modifícase el Art. 38 de la Ordenanza Nº 40.593, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 38.- Las sanciones de amonestaciones y apercibimiento serán aplicadas por el Superior Jerárquico del establecimiento u organismo técnico. Las sanciones de suspensión hasta diez (10) días corridos, suspensión desde once (11) hasta treinta (30) días corridos y suspensión desde treinta y uno (31) hasta noventa (90) días corridos son aplicadas por el organismo técnico superior de cada Área, previo dictamen de la Junta de Disciplina. La sanción de inhabilitación por un (1) año es aplicada por el Secretario de Educación previo dictamen de la Junta de Disciplina y del Área encargada de instruir los sumarios. La aplicación de las sanciones de cesantía y exoneración es efectuada por el Secretario de Educación previo dictamen de la Junta de Disciplina y de la Procuración General.

Artículo 31º.- Derógase el artículo 39 de la Ordenanza Nº 40.593

Cláusula Transitoria

Los sumarios que se encuentren en trámite por ante la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se sustancian conforme el procedimiento vigente al tiempo de su iniciación, hasta que se cumplimente su clausura, debiendo a partir de ese momento observarse en lo pertinente el procedimiento establecido en la presente ley.

Artículo 32.- Comuníquese etc.

CRISTIAN CARAM

JUAN MANUEL ALEMANY

LEY N 942

Sanción: 05/12/2002

Vetada: Decreto Nº 1.735 del 27/12/2002

Publicación: BOCBA N 1601 del 03/01/2003