Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012.-

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

 

Procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles contemplados en
los incisos 1º y 2º del código Penal

Artículo 1º.- OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles contemplados en los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal en concordancia con lo establecido en las Leyes 153 y 418.

Artículo 2º.- AUTORIDAD DE APLlCACIÓN. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3º.- PRESTACIONES. En los casos regulados por la presente ley el Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe garantizar las siguientes prestaciones:

  1. La realización del diagnóstico, de los estudios y de las intervenciones médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo.
  2. El acceso a tratamiento psicoterapéutico desde la primera consulta y mientras resulte necesario, a petición de la persona.
  3. La consejería en salud posterior a la interrupción del embarazo para la persona y eventualmente para su pareja, que incluya información y provisión gratuita de métodos anticoncepvos e información sobre prevención de HIV y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

La autoridad de aplicación garantiza los derechos enunciados en el presente artículo en todos los subsectores del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4º.- CASOS DE PELIGRO PARA LA VIDA. Para la constatación de los casos de peligro para la vida causado o agravado por el embarazo que no pueda ser evitado por otros medios, previstos en el artículo 86 inciso 1° del Código Penal, el/la profesional interviniente debe fundar su diagnóstico en los estudios pertinentes.

Artículo 5º.- CASOS DE PELIGRO PARA LA SALUD. Para la constatación de los casos de peligro para la salud integral, causado o agravado por el embarazo que no pueda ser evitado por otros medios, que se encuentran previstos en el artículo 86 inciso 1° del Código Penal, el/la profesional interviniente procede de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 6º.- CASOS DE VIOLACIÓN. Para la constatación de los casos de violación previstos en el artículo 86 inciso 2° del Código Penal, el/la profesional interviniente solicita a la persona, o en caso de corresponder, a su representante legal, que suscriba una declaración jurada conforme el Anexo de la presente Ley, en la que manifieste dicha situación, la que se incorpora en la historia clínica.

Si ya se hubiese efectuado denuncia judicial o policial, basta con su exhibición y registro en la historia clínica.

Artículo 7º.- CONSENTIMIENTO INFORMADO. Constatada la existencia de alguna o algunas de las causales de no punibilidad contempladas en los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal, el/la profesional interviniente debe informar a la persona, y en caso de corresponder a su representante legal, el diagnóstico y el pronóstico, la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo y los alcances y consecuencias de la decisión que adopte, en un marco de privacidad y confidencialidad. La explicación debe ser clara y acorde a la capacidad de comprensión de la persona. Se debe informar dando lugar a que se realicen todas las preguntas que la persona estime necesarias.

En el proceso de información no pueden participar personas ajenas a las establecidas precedentemente, quedando terminantemente prohibida toda participación de terceros.

El/la profesional interviniente deja constancia en la historia clínica de haber proporcionado la información mencionada en el presente artículo, prestando
conformidad la persona o su representante legal.

Para la realización de los abortos no punibles contemplados en los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal es requisito inexcusable que la persona o su
representante legal otorgue previamente su consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el art. 4° inciso h) del decreto 208/2001 (B.O.C.B.A.1149) modificado por el decreto 2316/ 2003 (B.O.C.B.A. 1826).

Artículo 8º.- CONSENTIMIENTO INFORMADO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PERSONAS CON RESTRICCION JUDICIAL DE SU CAPACIDAD. Es válido el consentimiento de la persona a partir de los 14 años.

En los casos de niñas y adolescentes menores de 14 años o personas con restricción judicial de su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, se requiere el consentimiento de su representante legal, respetando el derecho a ser oído de la niña o adolescentes y a que su opinión sea tenida en cuenta. En caso que tuviere más de uno/a, basta el consentimiento de uno/a solo/a de sus representantes legales para que se efectúe la práctica del aborto no punible. La falta de consentimiento del/la otro/a representante legal no implica, bajo ninguna causa o pretexto, un impedimento para tal práctica.

Si mediara urgencia, a falta de otra prueba, respecto del carácter de representante legal, debe prestarse declaración jurada. El/la manifestante, en este supuesto,
quedará obligado/a a acompañar la documentación respectiva que acredite efectivamente el carácter invocado.

Para los casos de personas con restricción judicial de su capacidad para tomar decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo, se implementa un sistema
adecuado de apoyos y salvaguardas, conforme lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nacional N° 26.378), a fin de que la persona adopte una decisión autónoma. En caso de no ser posible, el consentimiento informado debe ser prestado por el/la representante legal, debiendo ser acreditado dicho carácter con la correspondiente documentación.

En caso de existir controversia entre la persona menor de 14 años o la persona con restricción judicial de su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo con la totalidad de sus representantes legales, el/la directivo/a del establecimiento debe requerir la intervención del Ministerio Público Tutelar. De persistir la controversia, será de aplicación el Art. 3° último párrafo, de la Ley Nacional N° 26.061.

Artículo 9º.- PLAZOS. En los casos de aborto no punible contemplados en los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal se debe garantizar la constatación de la causal en el menor plazo posible y la realización de las prácticas médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo en un plazo no mayor a los cinco (5) días corridos desde que ésta se indique o se solicite.

Artículo 10.- PROHIBICIONES. Para la realización de los abortos no punibles contemplados en los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal se prohíbe la imposición de exigencias no previstas en dicho Código ni en la presente Ley.

En particular se prohíbe la revisión o autorización por directivos/as o superiores jerárquicos de los efectores de salud, la intervención de comités de ética,
jueces/juezas u otros/as operadores/as jurídicos, la obligación de realizar denuncia policial o judicial o la de consultar o solicitar del consentimiento de terceros/as tales como la pareja, padre, madre de la persona embarazada o cualquier otra persona, excepto en los casos en que conforme los arts. 7° y 8° se requiera el consentimiento de representantes legales. La decisión con relación a la práctica de un aborto no punible no puede ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte de los/as profesionales de la salud de la institución médica respectiva o de terceros/as.

Artículo 11.- DERECHO A LA OBJECION DE CONCIENCIA. Los/as profesionales de la salud tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de las prácticas médicas objeto de la presente Ley, sin consecuencia laboral alguna.

La objeción de conciencia es individual y rige para todos los subsectores. Debe ser manifestada mediante una declaración escrita y presentada ante las autoridades del establecimiento que corresponda, en un plazo no mayor de treinta (30) días desde la promulgación de la presente.

Los/as profesionales que comenzaran a prestar servicios a partir de la promulgación de esta ley deben efectuar la declaración al momento del ingreso a la institución.

Artículo 12.- DEBERES DEL/A PROFESIONAL OBJETOR/A DE CONCIENCIA. El/la profesional de la salud debe informar a la persona embarazada sobre su objeción de conciencia con relación a las prácticas médicas objeto de la presente ley desde la primera consulta que realice con motivo del embarazo.

Artículo 13.- OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. En caso de existir objeción de conciencia de los/as profesionales de la salud en relación con las prácticas médicas objeto de la presente ley, el/a directivo/a del establecimiento debe disponer las medidas necesarias para asegurar las prestaciones en los plazos establecidos, y en el ámbito del efector.

Artículo 14.- INTERPRETACIÓN. En caso de duda acerca de la interpretación de una norma contenida en esta Ley o de su aplicación, se debe adoptar aquella que amplíe los derechos de la persona a acceder a la práctica médica objeto de la presente.

Artículo 15.- ACCESIBILIDAD. Todos los efectores del sistema de salud, cualquiera sea su complejidad o nivel, deben garantizar el acceso al aborto no punible, efectuando las prestaciones que estén dentro de sus atribuciones y, en su caso, realizando la referencia o contrarreferencia a efectores de otro nivel.

Artículo 16.- DIFUSION y CAPACITACION. La autoridad de aplicación arbitra las medidas pertinentes para la difusión de la presente ley al público en general y a los efectores de salud, en particular aquellos donde se ejecuta el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y la atención de ginecología y obstetricia.

Asimismo, adopta medidas para la capacitación con perspectiva de género y derechos humanos de los profesionales y no profesionales de la salud involucrados en el cumplimiento de la presente.

Artículo 17.- SANCIONES. La violación de lo establecido en la presente ley, en especial la realización de maniobras dilatorias, el suministro de información falsa o la reticencia para llevar a cabo la práctica del aborto no punible por parte de los/as profesionales de la salud y los/as directivos/as de los establecimientos, constituyen conductas u omisiones sujetas a la responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente.

Artículo 18.- Comuníquese, etc.

MARÍA EUGENIA VIDAL

CARLOS PÉREZ

LEY N° 4.318

Sanción: 27/09/2012

Vetada: Decreto Nº 504/012 del 22/10/2012

Publicación: BOCBA N° 4021 del 24/10/2012

Nota: El Anexo de la presente Ley fue publicado en la Separata del BOCBA N° 4021 del 24/10/2012.