VETO de la LEY Nº 5

DECRETO Nº 262/998
BOCBA N° 409 del 19/03/98

Buenos Aires, 12 de marzo de 1998.

Visto la Ley N° 5 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 5 de marzo de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno es el responsable de establecer la estructura y organización funcional de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo;

Que la gobernabilidad de la Ciudad de Buenos Aires demanda que el Jefe de Gobierno adopte todos los recaudos pertinentes para asegurar el cumplimiento de las funciones básicas que la Constitución le ha asignado, evitando peligros como el que implicaría un incremento de las erogaciones sin su correspondiente contrapartida de recursos, y que pondría de ser así, en serio riesgo el equilibrio de las finanzas de la Ciudad que se prevé alcanzar en el curso de 1998;

Que en los Mensajes de elevación de los proyectos de Presupuesto de los años 1997 y 1998 se dejó establecido en forma expresa cual es la política de administración de recursos humanos que sostiene esta administración, la misma no admite la incorporación masiva de nuevo personal a sus plantas toda vez que estas se encuentran cubiertas en demasía y sobre las cuales, consideraciones de tipo político y social han determinado no adoptar políticas más restrictivas sobre ellas;

Que para obtener el financiamiento necesario que permita atender el pago de la deuda contraída por anteriores administraciones y realizar las obras previstas en el programa plurianual de inversiones de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el cuerpo legislativo e imprescindibles para mejorar la calidad de vida de los vecinos, requiere un alto nivel de credibilidad en el compromiso de la administración con una política seria en materia de ahorro en el gasto y de no aumento de la planta de personal;

Que hasta ahora ello se ha logrado compatibilizar con una política sumamente prudente de personal a diferencia de la estratégica de expulsión seguida en el ámbito nacional, teniendo en cuenta la alta tasa de desempleo existente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, fruto de dichas políticasmacroeconómicas;

Que dichas políticas es de fundamental importancia teniendo en cuenta que el gasto en personal representa el 55% del gasto total y el gasto en inversión en obras sólo el 10%, y que esta composición se modificará en el actual ejercicio fiscal al volcarse mayores recursos a la obra pública, acción que será posible porque se revirtió la tendencia estructural a través de la adopción de políticas austeras de ahorro en el gasto corriente, que permitirán que en los próximos años el esfuerzo recaudatorio se destine a elevar la calidad de vida de los ciudadanos al contar con políticas sociales e infraestructura urbana adecuada;

Que es necesario conservar un alto nivel de previsibilidad en los actos de gobierno condición imprescindible para reducir la incertidumbre de los vecinos y asegurar condiciones estables, especialmente en materia tributaria, para los inversores nacionales e internacionales que hoy ven a la Ciudad como un lugar seguro donde llevar a cabo significativos proyectos de inversión;

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ordenanza Nº 52.237 (B.O. Nº 331 de fecha 25 de noviembre de 1997) se creó el Fondo de Transición Legislativa para el personal de planta permanente del ex Concejo Deliberante, a fin de atender las necesidades funcionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante el período que dure la sustanciación de los concursos públicos abiertos establecidos para la cobertura de los cargos de ese cuerpo por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, según lo establecido por el artículo 76 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;

Que el inciso quinto del artículo 18 de la mencionada Ordenanza, prevé la cesación de la relación de empleo público para el personal afectado al Fondo de Transición Legislativa, una vez finalizado su período de vigencia; y asimismo fija una indemnización en razón de dicho cese de la relación laboral;

Que la medida no importa un desconocimiento de la estabilidad en forma prevista por los artículos 43 y 76 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que se ha producido la disolución de un organismo de gobierno, por mandato constitucional y se debe atender a las necesidades de la creación de la Legislatura.

Que el artículo 11 de la Ley Nacional Nº 24.588 no resulta aplicable al caso, toda vez que se refiere a la continuidad de estructuras al momento de la transferencia del ex gobierno municipal al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aire, no pudiendo otorgarse más alcances que los allí establecidos, en virtud de la cláusula transitoria segunda de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;

Que mediante la sanción de la Ley Nº 5 de fecha 5 de marzo de 1998 se crea a partir del 1ª de abril de 1998, el Programa de Capacitación y Relocalización a los efectos de que el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires distribuya y relocalice en la adminstración de la ciudad al personal comprendido en el Fondo de Transición Legislativa mencionado en el considerando anterior, y que no hubiera optado por su retiro voluntario;

Que resulta inconveniente el mantenimiento de una situación de carácter provisorio una vez que se ha determinado institucionalmente la solución correspondiente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza Nº 52.237, la cual ya ha comenzado a aplicarse;

Que la eventual integración de los agentes del ex Concejo Deliberante a la estructura adminstrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que plantea la Ley sancionada, podría generar situaciones de injusticia laboral y de discriminación más graves que las que intenta impedir, en virtud de la disparidad de remuneraciones que existen entre los agentes de la administración y los ex agentes del ex Concejo Deliberante;

Que esta situación impediría el desarrollo de una política de recursos humanos imparcial y equitativa, que contemple el principio de igual remuneración por igual tarea, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Que las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto por el artículo 87 de la Contitución de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en virtud de ello resulta necesario vetar la ley sancionada, a los efectos de evitar la aplicación de una medida inconveniente para la buena marcha de la administración y para la utilización adecuada de los recursos de los contribuyentes;

Que este gobierno confia en que esta decisión abra lugar a una nueva consideración de ese Cuerpo Legislativo sobre el tema que complete la totalidad de los elementos involucrados;

Que las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;

Por ello,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

Artículo 1° — Vétase la Ley N° 5 sancionada con fecha 5 de marzo de 1998.

Artículo 2° — El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Hacienda y Finanzas.

Artículo 3° — Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

DE LA RUA

ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI


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