VETO PARCIAL de la LEY Nº 2.145

DECRETO Nº 2.018/006
BOCBA Nº 2580 del 05/12/2006

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006.

Visto el proyecto de Ley sancionado con el N° 2.145, el Expediente N° 79.493/06, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha actuación tramita el proyecto de ley citado, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 9 de noviembre de 2006, por el cual se aprueba el régimen de la acción de amparo prevista en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que es indudable la conveniencia de reglamentar la acción de amparo, destacando el gran avance que representa en nuestro sistema procesal vigente a fin de garantizar la protección judicial plena en favor de los derechos de nuestros ciudadanos/as;

Que no obstante ello, el Poder Ejecutivo debe observar, en mérito a las previsiones constitucionales que rigen la materia, la formulación de algunos de los artículos del proyecto de Ley sancionado con el N° 2.145;

Que, en el último párrafo de su artículo 2° se restringe la posibilidad de impetrar la acción de amparo: "...cuando el acto impugnado emane de un órgano del Poder Judicial";Que en función de tal precepto, no sólo los actos del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional están exentos de control por el amparo, sino también los que dicte en ejercicio de la función administrativa, restringiéndose indebidamente la amplitud de la mentada norma constitucional;

Que tanto el artículo 43 de la Constitución Nacional como el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitan expresamente la interposición de la pretensión amparista "contra todo acto u omisión de autoridades públicas" que evidencie arbitrariedad o ilegalidad manifiesta sin prever, tales normas, excepciones ni salvedades respecto de las actuaciones objeto de control ni de las personas u órganos que pudieran estar exentos del control amparista;

Que asimismo el artículo 4° del proyecto de Ley registrado bajo el N° 2.145 en cuanto establece el plazo para interponer la acción de amparo en sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento cierto de la lesión, restricción, alteración o amenaza, relativiza el carácter urgente de esta acción constitucional aproximándola más a una acción contenciosa administrativa abreviada, dejándose de lado el aspecto primordial de esta creación pretoriana que constituye un remedio rápido frente a un acto u omisión que en forma actual o inminente vulnere algún derecho constitucionalmente protegido;

Que en el amparo la urgencia no la produce la subjetiva intención del justiciable por obtener el despacho de una providencia de mérito preferente; por el contrario, ella deriva de la grave y manifiesta lesión sobre la sustancia constitucional de los derechos;

Que el plazo previsto colisiona con una interpretación armónica del sistema jurídico aplicable en tanto que, torna inaplicable el sistema recursivo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, con relación a los actos administrativos expresos que dicten las autoridades públicas;

Que asimismo el plazo de 60 días hábiles no solo excede la pauta común de la legislación provincial comparada sino incluso el plazo previsto en el actual proyecto de Ley Federal de Amparo;

Que se observa un error material en la redacción del segundo párrafo del artículo 15 del proyecto de Ley sancionado con el N° 2.145. Allí se establece que cuando la cautelar afectase la prestación de un servicio público o función esencial de la administración se solicitará a la autoridad pública que se expida sobre la inconveniencia de adoptar la medida. Continúa la redacción diciendo que el juez puede rechazar o dejar sin efecto la cautelar

"...declarando a cargo de la autoridad demandada o personalmente por los que la desempeñan, la responsabilidad por los perjuicios que se deriven de su ejecución";

Que, en efecto, de la referida norma se desprende que lo informado por la autoridad pública, respecto de la inconveniencia o no de la medida, no resulta vinculante para el juez. Teniendo el magistrado dicha opción, no deviene razonable responsabilizar a las autoridades públicas por la decisión que a su respecto tomen los jueces, cuando corresponde presumir la buena fe del órgano en pos del bien público;

Que se objeta, asimismo, el cuarto párrafo del artículo 20 toda vez que impone un ritmo procesal exorbitante. En efecto el plazo de dos (2) días para acompañar las copias, en el supuesto de formación de incidentes, resulta exiguo si se tiene en cuenta que ya concedida la cautelar la dilación del proceso no perjudicaría al amparista sino a quien controvierte;

Que el artículo 27 del proyecto de Ley sancionado al incorporar el remedio procesal del amparo colectivo no lo distingue efectivamente del amparo individual;Que en relación a este instituto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar intervención en Dictamen PG N° 53.422 ha manifestado que:

"Una ausencia relevante en este art. 27 es que debió prever que en las acciones colectivas frente a autoridades públicas, el Tribunal competente no debería dictar medidas cautelares sin que previamente haya pedido informe al Registro Público de Amparos Colectivos -cuya creación está establecida en el inc. b de este artículo- para que haga saber sobre la radicación anterior de procesos colectivos iniciados por la misma causa u objeto.
Asimismo la redacción del art. 27 podría vulnerar la disposición del art. 113 inc. 2 de la CCABA que reserva esta acción en abstracto para el Tribunal Superior de Justicia.
";

Que, sobre la base de las consideraciones precedentes y a efectos de propiciar la revisión del proyecto de Ley sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos que han merecido observación, cabe ejercer el mecanismo excepcional del veto parcial;

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

Artículo 1°.- Vétase el último párrafo del artículo 2° del proyecto de Ley N° 2.145, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión de fecha 9 de noviembre de 2006.

Artículo 2°.- Vétase el artículo 4° del proyecto de Ley N° 2.145, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión de fecha 9 de noviembre de 2006.

Artículo 3°.- Vétase del segundo párrafo del artículo 15 del proyecto de Ley N° 2.145, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión de fecha 9 de noviembre de 2006, la frase

"...declarando a cargo de la autoridad demandada o personalmente por los que la desempeñan, la responsabilidad por los perjuicios que se deriven de su ejecución".

Artículo 4°.- Vétase del cuarto párrafo del artículo 20 del proyecto de Ley N° 2.145 sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión de fecha 9 de noviembre de 2006, la frase "...en un plazo máximo de dos (2) días...".

Artículo 5°.- Vétase el artículo 27 del proyecto de Ley N° 2.145, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión de fecha 9 de noviembre de 2006.

Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno.

Artículo 7°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Coordinación de Asuntos Legislativos y al Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese.TELERMAN - Gorgal


ACEPTACIÓN DE VETO PARCIAL de la LEY Nº 2.145

RESOLUCIÓN N° 818-LCABA/006
BOCBA Nº 2603 del 12/01/2007

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2006.

Artículo 1°.- Acéptase el veto parcial de la Ley N° 2.145, "Ley de Amparo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.


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